Según la OIT (2021), el trabajo doméstico remunerado incluye tareas de limpieza del hogar, cocina, lavado
y planchado de ropa, cuidado de niñas y niños, de personas adultas mayores y/o de personas enfermas,
además de servicios de jardinería, vigilancia del hogar e incluso el cuidado de mascotas, entre otras tareas.
En Latinoamérica, el rol familiar, como parte de la enseñanza en el proceso de socialización, ha contribuido
a consolidar la idea de que las labores de cuidado y el trabajo doméstico son realizados por las mujeres y
las niñas de la familia; por lo tanto, el rol de cuidadora está fuertemente asociado con la identidad femenina.
Las mujeres que realizan trabajo doméstico provienen de diversos contextos culturales, socioeconómicos y
geográficos; sin embargo, comparten las mismas motivaciones: generar ingresos que les permitan mantener
a sus familias y contar con mayores oportunidades de superación a través de la educación.
Las trabajadoras domésticas indígenas remuneradas (TDIR) desempeñan una labor históricamente
subvalorada, tanto en el ámbito social como en el económico, que se realiza generalmente dentro de los
hogares de sus empleadores; por ello, frecuentemente queda invisibilizada. En esta investigación se examinó
la violencia laboral que enfrentan estas trabajadoras, considerando el género, la pertenencia étnica y su
condición de migrantes.
Al indagar sobre las condiciones laborales de las TDIR, se constató una alta tasa de informalidad, un acceso
limitado a la seguridad social, una excesiva carga de trabajo, jornadas extensas y salarios inferiores a los
establecidos por la ley; todo ello representa múltiples formas de violencia laboral.
La violencia laboral se define como una serie de acciones ejercidas contra otra persona en el entorno del
trabajo, las cuales pueden ser perpetradas por una figura de autoridad. Se trata de un fenómeno que conlleva
abuso de poder y que implica, además, la vulneración de un conjunto de derechos humanos y laborales
fundamentales para el bienestar y el desarrollo de las personas.
Para esta investigación se toma como referencia el abordaje de la violencia laboral desde diversas corrientes
epistemológicas: aspectos sociológicos, psicológicos y organizacionales, así como elementos relacionados
con las prácticas o acciones que pueden contribuir a la violencia; las teorías sobre dinámicas jerárquicas y
culturas organizativas; una perspectiva feminista o de estudios de género, relevante para comprender cómo
la violencia puede tener un componente de género, ya que a menudo afecta de manera desproporcionada a
las mujeres, incluyendo el análisis de las estructuras de poder y las dinámicas sociales, además de las teorías
del desarrollo.
Dado que el estudio de la violencia laboral se aborda desde un enfoque interseccional, este requiere la
integración de diversas perspectivas, teorías y métodos provenientes de diferentes campos del conocimiento,
con el fin de lograr una comprensión más amplia de los factores que contribuyen a esta problemática.
El Convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, adoptado por la OIT en junio de
2019 (C190), constituye el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a
desempeñarse en un entorno laboral libre de violencia y acoso, incluidos aquellos motivados por razones de
género. En Panamá, este instrumento fue ratificado mediante la Ley 321 del 29 de agosto de 2022, lo que
reafirma el compromiso del país con la promoción de espacios de trabajo seguros y con la protección a las
personas frente a situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral.